Cocaleros de El Bagre Aceptan Erradicación Voluntaria

Cultivo de Coca

08.04.17
Cocaleros de diferentes latitudes del municipio de El Bagre acudieron al corregimiento de Puerto López, donde la Alcaldía de El Bagre abría el debate sobre las bondades de acogerse al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.
De las diferentes zonas que componen el territorio rural de El Bagre, llegaron las personas entre ellos campesinos, afros e indígenas para escuchar el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito de la mano de la Dirección para la Atención Integral de Lucha Contra las Drogas, quién plantea dos escenarios.
1. Erradicar voluntariamente e ingresar al programa con 36 millones de pesos para dos años de asistencia y
2. Erradicación forzosa y las demás consecuencias que puede traer.

Después de la desmovilización del Bloque Central Bolivar en el año  2010, la zona rural de El Bagre culminaba una etapa de violencia generada en gran parte por los cultivos de coca, muchas familias se acogieron a los programas de desarrollo alternativo que para la época impulsaba la USAID a través de la FUPAD (Fundación Panamericana para el Desarrollo Rural) en donde las familias que erradicaban de manera voluntaria entraban a hacer parte de los proyectos de producción de sábila, cacao y caucho. Posteriormente el programa se transformó en "GUARDABOSQUES".
Seis meses después que el campesinado había sustituido la coca por sabila, empezaban los primeros fracasos fulminantes. ¿Qué paso?, en primer lugar el programa introdujo la mayoría de los proyectos productivos sin el consentimiento de los campesinos, en segundo lugar no se hicieron los acompañamiento técnicos eficaces y responsables, ya que las condiciones agroecológicas  de la tierra en El Bagre no se adecuaban a los requerimientos mínimos para el cultivo de sabila, ademas tiene una precipitación media aproximada de 4280 mm al año, el cultivo de sabila sucumbía a los ataques permanente de hongos  y en las zonas donde no habían ataques de hongos, el campesino fracasaba en el intento de sacar la penca de sabila bajo los estándares requeridos por el comercio que estaba en Bogotá.

Hoy el escenario es casi igual, para el primer año, la  Dirección para la Atención Integral de Lucha Contra las Drogas, ofrece a las familias que se acojan 1 millón mensual para el sostenimiento de la familia, 1.400.000 para proyectos de pancoger y 9 millones para el proyecto productivo de largo plazo. para el año 2 ofrece: 10 millones para el proyecto a largo plazo y 1.600.000 para la asistencia técnica; así entonces la familia que se acoge recibiría $36.000.000  durante los dos años. Aun no esta claro cual será el proyecto a largo plazo, lo que generó incertidumbre entre los asistentes.

EL CAMPESINADO RESPONDIÓ
El plan de sustitución de cultivos de uso ilícito debería iniciar aplicando el punto uno del acuerdo final de paz, es decir el de la Reforma  Rural  Integral.
Para el caso de El Bagre, el 70 % de sus tierras pertenecen a la reserva forestal del Río Magdalena (Ley segunda de 1959) y el 30% restante susceptible de titulación, la Agencia Nacional de Minería se lo ha otorgado a dos multinacionales mineras (Mineros S.A. y Anglo Gold Ashanti) con derechos sobre el suelo y subsuelo; el campesinado plantea que la Agencia Nacional de Tierras debe sentarse con ellos y levantar parte de la reserva forestal.

Centro Educativo Rural El Pital, Norte de El Bagre

En segundo lugar platean como prioridad el mejoramiento de las vías de acceso.El gran problema de la economía agrícola de El Bagre ha fracasado en  parte por la ausencia o mal estado permanente de las vías, resolver este aspecto es vital para la sustitución y en tercer lugar está el mejoramiento de las escuelas, nombramiento de maestros oficiales, vivienda digna, hospital entre otros.
Es grande la brecha de desconfianza entre los campesinos y las agencias del estado, pues son muchas las problemáticas que estas poblaciones  han tenido que soportar por décadas, por ello no es extraño que concluyeran solicitando la presencia de INVÍAS, de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Postconflicto, la Coordinadora Nacional Cocalera y la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Onu Derechos Humanos.