La oleada de violencia producto del conflicto armado interno de Colombia, había azotado sin piedad a la zona rural del municipio de El Bagre. Amenazas, asesinatos, desapariciones prohibiciones e intimidaciones generaron el desplazamiento masivo jamás visto en estos territorios, hasta tal punto que en el registro único de víctimas hasta hoy en El Bagre aparecen 21.010 víctimas del conflicto .
A partir del año 2010 las familias retornaron voluntariamente y sin el apoyo que deberían tener por hacer parte de un sistema de derechos; volvieron, pues a donde llegaron no pudieron encajar, sus prácticas sociales y culturales estaban ligadas en gran medida a las actividades mineras artesanales, agricultura de sostenimiento, pesca y cacería.
Después del retorno, inicia un fuerte proceso de fortalecimiento del tejido social al sur del municipio de El Bagre, liderado por nuevos líderes y con el apoyo de organizaciones del orden Departamental, Nacional e Internacional, desde allí las comunidades lograron impulsar temas como el derecho a la tierra, el reconocimiento de los territorios étnicos tanto indígenas como afros, a tal punto que se titulan 3 consejos comunitarios (Villa Grande, Chaparrosa y Nueva Esperanza) y un resguardo Indígena (Los Almendros).
Así mismo las 19 comunidades campesinas logran ser reconocidas por la UARIV (Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas) como sujeto de Reparación Colectiva, sin embargo y dada la complejidad propuesta por los enfoques diferenciales, las comunidades étnicas estaban pendientes de su reconocimiento como sujeto.
La Realidad de las Comunidades Étnicas del Sur de El Bagre
El consejo comunitario de Villa Grande, es atravesado por la quebrada Villa Grande, al llegar a el, se encuentran las áreas degradadas por la minería, la deforestación y por las diferentes acciones antrópicas.
En el año 2011, el Ministerio del Interior otorgó la resolución de reconocimiento como territorio colectivo, pero no hubo un acompañamiento para el fortalecimiento de las actividades económicas, tampoco las organizativas, hasta tal punto que esta comunidad ha tenido que resolver sus problemas del mimo modo como lo han hecho siempre “vivir de las actividades extractivistas hasta donde pueden”.
Distintas organizaciones como Corantioquia, Corama han desarrollado proyectos en nuestro consejo comunitario, pero esos proyectos no han sido integrales ni responden a generar una economía que garantice empleos e ingresos a las familias, han sido proyectos que se ejecutan y generan ingresos o empleos en tiempos definidos y ya, luego de eso nos toca volver a las practicas anteriores, pues de hambre no se pueden morir las familias, dice Oiden Julio representante del consejo comunitario Villa Grande.
Es que a las comunidades étnicas les ha tocado sortear situaciones muy complejas, en el año 2014 la alcaldía de la época, ejecutó un proyecto por más de 500 millones de pesos con recursos de cooperación y de regalías oro, pero el proyecto solo funcionó seis meses cuando dejó de funcionar por fallas en el diseño y en la infraestructura.
Así mismo la actual administración municipal instaló un molino arrocero en el resguardo los Almendros, a pesar del alto costo del estudio de factibilidad del proyecto, la comunidad no lo ha usado, pues la infraestructura no permite siquiera el funcionamiento del molino, no cumple con los mínimos.
Estas acciones se traducen en desconfianza entre las comunidades étnicas y la institucionalidad, hasta tal punto que las comunidades se sienten utilizadas y re-victimizadas, pues no se les consulta, ni tampoco les tienen en cuentas sus sugerencias a la hora de ejecutar los proyectos.
La falta de garantías en los derechos de estas comunidades, los territorios están quedando solo nuevamente y no es en vano la preocupación que sienten las familias de Villa Grande, pues en el año 2011 habían 156 personas habitando en territorio, hoy solo quedan 56.
La Reparación Colectiva, el Salvavidas.
A pesar de todo lo que han vivido, la esperanza se asoma en el proceso de reparación colectiva, hoy tuvo lugar el Comité Municipal de Justicia Transicional, que aprobó por fin dos sujetos de reparación Colectiva, el Afro y el Indígena.
Con la presencia y el compromiso esquivo de la Agencia de Desarrollo Rural, el SENA, la Gerencia Afro, la UARIV, la Administración Municipal y la ONU DD.HH como garante, se dieron a conocer todas y cada una de las medidas de reparación las cuales contemplan para cada sujeto según su enfoque, las categorías de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Con esto los territorios étnicos esperan que por fin sus derechos colectivos sean tenidos en cuenta de manera efectiva para que nuevamente haya retorno de los que se fueron.
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