OPINIÓN: El
paro minero por el cual atraviesa el Bajo Cauca es expresión de problemas
estructurales de larga duración en esta subregión, que demandan políticas de
mediano y largo plazo que puedan transformarlos. El conflicto armado interno,
la presencia de actores armados, la violación permanente de derechos humanos,
la destrucción ambiental, las necesidades básicas insatisfechas, la violencia
basada en género y otras tantas problemáticas, difícilmente se podrán resolver
con el tipo de intervenciones que, por ejemplo, viene adelantando el actual
Gobierno Nacional en contra de la minería que se imputa como ilegal.
Durante
décadas hemos sido testigos de aspersiones aéreas con químicos, que
contaminaron nuestros suelos y aguas y afectaron nuestra salud; bombardeos que
generaron graves daños físicos, psicológicos y hasta ecológicos; operaciones
militares en contra de actores armados, muchas de las cuales derivaron en
ejecuciones extrajudiciales, privaciones injustas de la libertad o en violencia
sexual. Todas estas acciones nunca han hecho mella en los actores armados, pero
sí han afectado de forma grave a la población civil que queda en medio de la
acción estatal, quienes hemos sido las víctimas colaterales de estos
fracasados intentos de derrotar a los actores armados en el territorio y
desmontar los controles sociales, políticos y económicos que ejercen desde hace
décadas.
Es
de tontos repetir las fracasadas fórmulas del pasado, promovidas por gobiernos
militaristas, despreocupados e irrespetuosos de los derechos humanos de la
población. Por eso nos sorprende que sea este gobierno, el que insista con
operativos del tipo que se están llevando en contra la denominada minería
ilegal, que hoy derivan en un paro minero que vuelve a ponernos en medio de un
conflicto que se hace irresoluble en lo inmediato. Se reconoce la acción legal
y legítima del Estado, pero esta no puede terminar generando un daño o mal
mayor del que pretende atacar.
Por otra parte, el Bajo Cauca no es minería. Ese es el destino que nos han querido dar quienes solo buscan réditos económicos en nuestros territorios, con el propósito de despojarnos de los bienes comunes de la naturaleza, privándonos de los medios para el desarrollo de nuestros proyectos familiares y comunitarios. EL BAJO CAUCA ES VIDA, es un territorio exuberante en biodiversidad que requiere ser preservado y protegido. Convertir a esta subregión en un Distrito Minero, es condenarla a la destrucción de las múltiples formas de vida que la habitan. Volver la minería legal no implica que deje de ser destructiva, tal como se ha comprobado con la presencia de una empresa como Mineros Aluvial., que durante décadas solo ha dejado destrucción, despojo y pobreza en las zonas donde ha llevado a cabo su operación.
Una salida podría ser:
Antes de adelantar cualquier acción legal y legítima, valore los daños o
efectos colaterales que esta pueda tener sobre la población civil.
Que
se haga un análisis más profundo de la vocación del territorio del Bajo Cauca,
para que no nos condenen a una visión de territorio que deja por fuera
actividades agroecológicas desarrolladas por el gran grueso de su población.
Que
se haga un diagnóstico detallado sobre las responsabilidades por los daños
ecológicos en la subregión. Afirmar que
solo la minería ilegal es la que destruye es falso y genera impunidad.
0 comentarios :
Publicar un comentario