En un foro desarrollado en Caucasia bajo el lema "TIERRA, TERRITORIO Y CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL BAJO
CAUCA - RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ACUERDO DE PAZ", los campesinos, indígenas y Afros, construyeron el siguiente documento como conclusión.
Contexto:
Desde el año 2015, los diferentes actores sociales, comunitarios e instituciones
del Bajo Cauca antioqueño iniciamos un
proceso de apropiación de la agenda de paz que se estaba acordando entre el
gobierno nacional y la guerrilla de las FARC- EP.
En estos ya casi dos años de interacción en torno a las propuestas que
se estaban tejiendo de cara al acuerdo para una paz estable y duradera, los
actores de los seis municipios del Bajo cauca y del municipio de Valdivia, fuimos encontrando los hilos de la relación entre
nuestra agenda como territorio y la que
se tejía en el acuerdo de paz de la Habana Cuba.
En este ejercicio democrático, se fueron
instalando la esperanza
de acceso a la formalización de la tierra, a que sea restituida a las miles de
familias desplazadas, y a un fondo de
tierras para campesinos que no la tienen, o acceden a ella de manera
insuficiente. Se evidenciaron estrechas relaciones entre lo que denominamos “el
desbloqueo de la tierra en el Bajo Cauca” en el año 2013, y los propósitos de
una reforma rural integral. Esperamos que ella –la reforma rural integral-reconozca la
deuda social con los sectores rurales y las comunidades campesinas, mujeres, indígenas,
afro descendientes. La esperanza de una transformación de la política
antidrogas, sin fumigaciones y sin criminalización de los campesinos productores
de hoja de coca; la esperanza de una porción de participación política a través
de circunscripciones especiales para los territorios más excluidos, hace
también parte de nuestras expectativas, especialmente en un momento en que el
gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuenta con las herramientas
jurídicas y constitucionales para echar a andar el acuerdo firmado el 24 de
noviembre de 2016.
Nuestra
población con altos niveles de victimización, recibe con especial interés el
tema de la justicia especial para la paz, que gira de igual forma en torno a
las víctimas y sus derechos, colocando el reconocimiento de responsabilidades
de todos los actores en el conflicto, la dignidad de las víctimas y el
compromiso con la verdad como los parámetros para hacer justicia. La
estructura del acuerdo está configurada sobre los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia la reparación y la No repetición.
La posibilidad
de hacer realidad esta esperanza, sabemos, pasa por comprometernos como
sociedad y comprometer al Estado, para demandar la implementación de estos
acuerdos, teniendo en cuenta que los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño
y Valdivia, están priorizados para el posconflicto. La presencia de todos los
actores armados y la ausencia de un Estado que garantice los derechos,
la ponen dentro de las subregiones con más bajo nivel de calidad de vida,
alta conflictividad armada y altos niveles de exclusión socio territorial.
Por
ello buscamos en este encuentro instalar un dialogo entre sociedad organizada
del Bajo Cauca y el Estado nacional para concretar caminos hacia la
implementación de los acuerdos de paz, especialmente en los temas de Reforma Rural Integral y en el de Cultivos de uso ilícito, como reto para
avanzar hacia una paz estable y duradera en el Bajo Cauca Antioqueño, y aportar
a caminos de no repetición en la región y el país.
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL TRÁMITE DEL PROBLEMA
DE TIERRAS Y CULTIVOS ILICITOS EN EL BAJO
CAUCA ANTIOQUEÑO DE ACUERDO CON SUS ORGANIZACIONES TERRITORIALES
Participación organizativa y comunitaria del
territorio: avanzando en la configuración de un actor colectivo territorial
La
población del Bajo Cauca a pesar de vivir en un territorio complejo donde el
conflicto armado ha buscado impedir la organización y movilización social, ha
construido una dinámica organizativa y de movilización en torno a temas como la
sustitución de cultivos, la minería y los temas asociados al derecho a la
tierra. Organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas, de mujeres, de
jóvenes, de víctimas, entre otros, han sido protagonistas de estos procesos. Un
ejemplo fue el compromiso que asumimos las organizaciones en el proceso de elaboración de una propuesta de
Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial para la región entre enero y mayo de 2013. Allí, 844 personas del
Bajo Cauca Antioqueño, 490 hombres y 354 mujeres, fuimos protagonistas dela producción de esta
propuesta, una agenda territorial para desbloquear la tierra, bajo la
coordinación del PNUD, Incoder y el Jardín Hidrobotánico de Caucasia.
En
la propuesta se destacaba,iniciativas existentes como por ejemplo: las escuelas
de formación de líderes, el comité de mujeres de la Asociación Campesina del
Bajo Cauca (ASOCBAC), y el Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la
Tierra del Bagre. Al igual que las organizaciones indígenas y afro; procesos
que en estos años venimos buscando caminos de articulación.
Como estamos avanzando
Durante
el año 2016, este proceso toma mayor relevancia, cuando entrabamos en la fase
final de la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos
y las FARC. A pesar de ser conscientes de los demás factores y actores de
conflicto armado que obstaculizan la construcción de alternativas en el
territorio, en dialogo con un conjunto de instituciones retomamos nuestra agenda
y la pusimos en dialogo con la que se estaba discutiendo en la Habana.
Pero quizá lo más importante es que hemos dado
pasos preparándonos para ser actores claves en la implementación de los
acuerdos, y en especial los que se refieren a la reforma Rural integral, para
nosotros en plena coherencia con lo que proponemos como “desbloqueo de la
tierra”, y el tema de cultivos de usos ilícito. Algunos ejemplos de estos
avances se pueden identificar en el proceso de articulación de varias
organizaciones en el GDT (Grupo de gestores por derecho a la tierra),
que en el marco de un proceso formativo avanzamos en un diagnóstico sobre la
concentración y la tenencia de la tierra, que hoy podrá ser un referente como
herramienta para concretar en el territorio la implementación del compromiso de
formalización de la tierra a los pobladores, comunidades y organizaciones que
habitamos y construimos la ruralidad. Con datos precisos sabemos las demandas
concretas de formalización y ya con propuestas específicas les tenemos la ruta
para su implementación.
Responsabilidades del estado
Formalización de la propiedad
Las
propuestas que venimos realizando, tienen dos implicaciones, de un lado el
desenglobe de 18.000 hectáreas de la Reserva
Forestal del Magdalena Medio (Ley segunda de 1952) y concertar con
implicaciones decisorias con las comunidades campesinas y étnicas los ajustes o
declaraciones de nuevas áreas de reserva de cualquier índole, para poder
formalizar la tierra a las familias campesinas, y de otro, en el proceso de
formalización no permitir que títulos mineros en estos territorios entregados
a empresas multinacionales, se
conviertan en obstáculo para avanzar en la formalización.
De
igual manera romper la lentitud e inercia en los procesos de restitución de
tierras a las familias que han sido despojadas y avanzar en el catastro
multipropósito, dándole un papel activo a las organizaciones del territorio. Es
necesario y urgente que se incorporen al fondo de tierras los baldíos que
resultan de la desecación natural o artificial de los humedales.
En
el caso de formalización de tierras a comunidades étnicas es urgente resolver
las solicitudes de titulación y ampliación de resguardos indígenas y de
territorios colectivos de las comunidades del Bajo Cauca: Nechi, Bagre, Tarazá,
Caucasia, Cáceres, Zaragoza.
Definir
claramente las fuentes para el fondo de
tierras en la subregión: entregar el mapa completo de tierras en extinción de
dominio y de tierras improductivas que lo pueden componer.
Proponemos:
- Revisar en términos estructurales la manera en
que se han venido adjudicando por parte de las administraciones municipales la
tierra en extinción de dominio y hacer los ajustes del caso con una política
coherente en función de la implementación de los acuerdos y el registro de
beneficiarios que debe cumplir estrictamente los criterios planteados en el
acuerdo final.
- Avanzar en un plan de ordenamiento territorial
de alcance subregional, que cree las bases de la reforma rural integral en el
Bajo Cauca, con su respectivo plan de inversiones de corto, mediano y largo
plazo. Hacer un plan de inversiones coherente y articulado con los recursos del
Estado y de la Cooperación Internacional, que deben actuar coordinadamente.
-
Identificar con nuestras comunidades y
organizaciones rurales, la posibilidad de concreción de zonas de reservas
campesinas que reconstruyan las identidades de los diferentes territorios que
configuran la subregión, por ejemplo en las zonas de amortiguación de la reserva
forestal del magdalena medio y de la reserva natural Bajo Cauca – Nechi, se
podría considerar la constitución de zonas de reserva campesina. (PNUD.INCODER.
JHB-JIHC: 2013)
-
Propiciar las condiciones y recursos que
permitan el fortalecimiento de la participación ordenada de las organizaciones
en la construcción de un ordenamiento territorial para la paz y la equidad, que
rompa la política clientelista y constituya una ciudadanía comprometida.
-
Es fundamental en el bajo cauca para hacer
viable la reforma rural integral la reforma del código minero con participación
de los actores territoriales en las diversas escalas de la minería, lo que
implica apoyar en la subregión una consulta previa, informada con enfoque
diferencial, que aporte a la transformación de la política pública minera, una
revisión de los títulos mineros y un dialogo que ligue democracia en el acceso
a la tierra, defensa del medio ambiente, el derecho al agua, la salud pública y pago de la deuda social y
ambiental que esta actividad a ocasionado en el territorio.
Cultivos
de Uso Ilícito y Campesinos Cocaleros (Coquicultores)
Este
punto es fundamental en el Bajo Cauca, dado que de la producción de hoja de
coca en Antioquia, la gran mayoría se encuentra en la región. Esto tratado con
fumigaciones, y con criminalización del productor y de consumidor, agrega
nuevos factores de exclusión y violencia, sin que desmantele la estructura
narcotraficante del negocio.
Ya en el estudio citado de
(PNUD.INCODER.JHB-JIHC: 2013) se afirmaba que: “Hasta el momento el enfoque
prohibicionista ha generado una serie de consecuencias no intencionales como:
mafias organizadas, marginalización de consumidores, el desplazamiento
geográfico de la oferta y rutas de comercialización, y la sustitución e
introducción de nuevas sustancias”. Igualmente el acuerdo en el punto de
cultivos de uso ilícito plantea invertir la política que ha criminalizado al
eslabón débil de la cadena que es el campesino cultivador de coca
(coquicultor), avanza hacia la eliminación de las fumigaciones, al
restablecimiento de los derechos de los campesinos con una política de
sustitución de cultivos que no los criminalice, y trata el problema de la
adicción como un asunto de salud pública, asunto que también destacábamos en el
estudio de 2013.
El pronunciamiento del Señor
Presidente De La República Doctor Juan Manuel Santos Calderón al recibir el
PREMIO NOBEL DE LA PAZ, el 10 de Diciembre en Oslo, en cuanto al fracaso de la
política antidrogas en el mundo y su invitación a la comunidad internacional
para reformular esta política, nos anima a continuar trabajando por la
sustitución creativa de cultivos de coca en nuestra región con el
acompañamiento del Estado y la ONU.
Para las comunidades coquicultoras (campesinos
cocaleros) del bajo cauca y del norte de Antioquia, la inclusión de este tema
nos ha activado la esperanza de encontrar una solución integral
e incluyente. Por ello nos hemos venido organizando en comités cocaleros
municipales, en asambleas comunitarias, como lo hicimos el pasado 4 de noviembre en
Taraza y la conformación por medio de asambleas comunitarias de la asociación
de campesinos organizados por la cuchara de Antioquia – ASOCOCAN, en el
municipio de Nechi y lo venimos haciendo en diferentes regiones y municipio del
país. Aspiramos en que de manera organizada y en dialogo con el estado aportemos
experiencias de carácter regional a la implementación de esta parte del
acuerdo. Demandamos del estado que estos sean reconocidos como interlocutores
válidos en los municipios y comencemos a formular los PLANES MUNICIPALES DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILICITOS CON
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
Romper
la política de criminalización a los
campesinos, y mantener de manera indefinida la suspensión de las aspersiones es
clave.Proponemos que se conserve la prohibición de la aspersión aérea para
erradicar los cultivos ilícitos, como lo demandó las Farc- Ep en los acuerdos de Paz.
Acá
es fundamental que no solo el ejecutivo, sino la fiscalía general de la nación
a través del fiscal Néstor Humberto Martínez, acoja las políticas sobre las que el acuerdo quiere avanzar y no
las bloquee criminalizando a los campesinos y reactivando la política de
fumigaciones.
Condiciones para avanzar conjuntamente
estado y Sociedad en esta dirección
El
proceso de negociación y la firma del acuerdo final para la construcción de una
paz estable y duradera abren el espectro de participación de diferentes formas
organizativas.
1.
El estado
debe reconocer los proceso que se están tejiendo en el territorio y
fortalecerlos
2.
El estado debe proponer un plan integral de
implementación de los acuerdos en la subregión, que pueda ser interpelado y
ajustado con los actores del territorio, creando una agencia regional para la
coordinación interinstitucional que haga coherente los pronunciamientos con las
realizaciones del Estado en el marco del ACUERDO FINAL y la Constitución
Nacional.
3.
Es fundamental que las instituciones del Estado,
la cooperación internacional y los recursos provenientes de ambos lados entren
de manera organizada y articulada al territorio, condición para poder avanzar
en una reforma rural integral. Mientras el congreso discute y aprueba las leyes
que serán el marco jurídico de la implementación, la dinámica política de corto
mediano y largo plazo debe ser construida en cada uno de los territorios.
4.
La sociedad del Bajo Cauca, sus instituciones
socio territoriales y sus organizaciones debemos configurar una propuesta que
le vaya dando un actor colectivo a la implementación de cada uno de los puntos
de los acuerdos, proponemos iniciar con trabajos ordenados en los puntos
relacionados con la Reforma Rural Integral y de cultivos de uso ilícito.
5.
El estado debe presentar a las comunidades la
estrategia para transformar los conflictos armados que persisten después del
acuerdo con las Farc- Ep avanzando de manera clara hacia un monopolio de las
armas que desactive de manera estructural los diferentes actores armados que
mantiene un control del territorio sobre la base del miedo y la zozobra.
6.
Presentar una propuesta de reinserción de los
antiguos combatientes que van a llegar al territorio, haciendo un balance del
conocimiento y aporte que estos pueden hacer en la sociedad.
7.
Todo ello debe ir acompañado de la construcción
de un proyecto cultural que transforme
las prácticas sociales para avanzar efectivamente hacia un proceso de paz
estable y duradera.
8.
Definir un plan de
protección para líderes y lideresas sociales y altos excombatientes,
demostrando que efectivamente se puede hacer política sin armas.
9.
Recomendamos que para
avanzar el proceso de implementación en el territorio se tengan en cuenta los
avances realizados, como el de la propuesta de desarrollo rural con enfoque
territorial para el Bajo Cauca, una implementación de Colombia país rural
razones para la esperanza. “Bajo Cauca razones para la vida y la esperanza”
(2013) y desarrollo posteriores que han realizado las organizaciones, como los
comités cocaleros o los GDT.
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